Según la Ley de Secreto Bancario, las instituciones financieras deben tomar ciertas medidas para detectar y combatir el lavado de dinero, como informar sobre actividades y transacciones sospechosas que impliquen más. Pero la adopción de ciertas políticas, como impedir que los consumidores depositen dinero en las cuentas de otros, queda a discreción de cada banco.